REVISTA PUERTOS Y NAVIERAS – 27/10/2022
Los empresarios que operan en los principales puertos de la Autoridad Portuaria, especialmente en La Luz, temen que la legislación medioambiental que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2023 produzca una fuga de barcos hacia los puertos africanos, con una normativa bastante más laxa.
Señalan, sobre todo, aquellos que realizan trasbordo en sus rutas intercontinentales y que, para evitar pagar los derechos de emisiones de gases contaminantes, lleven sus buques África para realizar sus acciones operativas.
Según informa Canarias 7, la nueva normativa europea pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% en territorio de la Unión Europea hasta el año 2030, motivo por el cual obligará a las navieras que amarren en los puertos europeos a un pago que se aplicará de forma gradual. Éste comenzará con un 20% de los derechos de emisión desde el 1 de enero de 2023 para, en 2026, alcanzar el 100%. Por su parte, los barcos habrán de abonar la totalidad de esos derechos en los desplazamientos entre puertos europeos mientras que, si es una ruta de solamente origen o destino, la tasa será del 50%.
