El puerto de Valencia, protagonista del debate en el Congreso.
- 24 mayo 2022 18:56
- Última actualización 24 mayo 2022 18:56
El Pleno del Congreso de los Diputados ha debatido esta tarde la Proposición No de Ley (PNL) “para la reconsideración de la Ampliación Norte del puerto de Valencia”, presentada por Compromís, Más País-Verdes-EQUO, CUP, Nueva Canarias, el grupo parlamentario Confederal UP-ECP-GeC (Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Comú) y el grupo parlamentario Republicano. La votación se realizará el próximo jueves.
VALENCIA. El Pleno de los diputados ha escuchado esta tarde los alegatos recogidos en la PNL presentada. Antes de la fijación de posiciones, Rosa María Medel (GCUP-EC-GC) y Marta Rosique (GP Republicano) tomaron la palabra pidiendo al Gobierno que apoye la transición energética sostenible, porque “otro modelo de industrialización sostenible es posible”, apuntó Medel.
Por su parte, Rosique (GP Republicano) comparó el proyecto de ampliación norte del Puerto a otros proyectos de ampliación también rechazables como el del Aeropuerto de Palma o del Prat y reiteró que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto está caducada y que supondrá una agresión a la ciudadanía valenciana por la contaminación y las pocas garantías del retorno de las inversiones públicas realizadas.
Los grupos parlamentarios que ya avanzaron que no validarán la PNL centraron sus críticas, principalmente, en la postura de Compromís al que exigieron más coherencia puesto que están en el Ayuntamiento, la Generalitat y en Gobierno de España, donde pueden marcar posiciones. Carlos García, del Partido Mixto, tildó la PNL de una acción para quedar bien con la plataforma ciudadana que está liderando la batalla contra la ampliación. María Muñoz, de Ciudadanos, fue más allá al recordar que el puerto “es un activo para la sociedad valenciana y española”, que la ampliación generará 6.000 empleos más y situará a Valencia en el mapa aún más. Asimismo, destacó la posición de Esquerra Republicana que está en contra de la ampliación del puerto de Valencia, pero “no ven ningún impacto medioambiental, con la ampliación del puerto de Barcelona”. Sobre este punto, también hizo hincapié Belén Hoyo, del Grupo Popular, quien opinó además que con esta PNL no solo se quiere parar la ampliación sino también demoler una parte de ella, lo que nos llevaría al “estancamiento y retroceso”. Hoyo también recordó que Puertos del Estado ya dijo que no hace falta una nueva DIA e invitó a los grupos parlamentarios que presentaban la PNL a que entren en el siglo XXI, “un siglo en el que el crecimiento puede convivir con la protección del medio ambiente”.
Finalmente, tomó la palabra Vicent Sarriá, del grupo parlamentario Socialista, quien destacó que no apoyarían la PNL porque la ampliación es “imprescindible si queremos que el puerto sea competitivo y mantenga su posición en el tráfico de contenedores”. Sobre la supuesta inversión de fondos públicos en proyectos no rentables y que solo beneficiarían a intereses privados, que menciona la PNL, Sarriá recordó que ya se han invertido en el proyecto 200 millones de euros invertidos de los que 70 han llegado de la UE. Ahora hay previstos unos 1.000 millones de euros de la concesionaria, destacó, “la mayor de las inversiones privadas de las próximas décadas. Nuestro objetivo es la rentabilidad de esa inversión. ¿Cuánto costaría quitar el dique que ya está hecho? Además, habría que devolver los 70 millones de la UE y se habrían perdido los 200 millones públicos ya invertidos… Ningún puerto apuesta por no crecer, por eso es una PNL en absoluto asumible”.
Ante estas críticas, Joan Baldoví, del GP Plural y Compromís, señaló que cuentan con su propuesta de Puerto, la que presentaron el pasado sábado a la ciudadanía, y recordó que los sindicatos de la estiba no creen que se garanticen los puestos de trabajo que el proyecto prevé.
Qué decía la PNL
Según el escrito presentado por los grupos parlamentarios, la Proposición no de Ley insta al Gobierno a que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), bajo la supervisión del ente público Puertos del Estado, en tanto que promotor de las actuaciones de ampliación del puerto de Valencia, “desista del proyecto actual de ampliación Norte del Puerto; renuncie a la construcción de una nueva terminal de cruceros junto a los poblados marítimos y a los planes y proyectos de ampliación de infraestructuras de transporte terrestre que se presentan como asociadas e imprescindibles para hacer viable esta ampliación como son, entre otras, la duplicación de carriles de la A-7 (by-pass), de la V-30 o la de la V-31, y, en particular, el de Acceso Norte al puerto (que figura como compromiso de la administración en el pliego de concesión de la futura terminal norte)”.
Del mismo modo, se pide al Gobierno que se proceda al “desmantelamiento del dique norte de abrigo, en tanto en cuanto se haya desistido del proyecto de ampliación del puerto y éste es parte de la primera fase de la misma. Desmantelamiento que paliaría el lamentable estado de las playas del sur (Pinedo y el Saler) así como la amenaza para el parque natural de [’Albufera”. También se insta a la remoción de cualquiera otras actuaciones o infraestructuras ya ejecutadas de la primera fase de la ampliación.
ZAL y concesiones
Asimismo, solicitan paralizar y desistir del proyecto de la ZAL en La Punta “y buscar un nuevo destino a los actuales terrenos sobre los que se asienta la misma. Unos terrenos que fueron expropiados por vía de urgencia para otra ampliación del recinto portuario y que tras más de 20 años siguen desocupados”. “Su uso como parte de una potente infraestructura verde de ámbito supracomarcal tiene mucho mayor retorno social, económico y ambiental como pieza clave en la estrategia de resiliencia territorial en un escenario de cambio climático, que como un polígono industrial que, de ser necesario, puede encontrar ubicaciones más adecuadas”, destaca el escrito presentado por los grupos parlamentarios.
Por otro lado, se requiere al Gobierno a garantizar que, bajo la supervisión de Puertos del Estado, la APV “no solo facilite la investigación que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas sobre el irregular rescate de concesiones portuarias y la compensación pactada con una mercantil cuyo principal accionista es miembro del Consejo de Administración de la APV, sino que proceda a la depuración interna de responsabilidades en que se hubiera podido incurrir en la aprobación de dicha operación y que, en base a las irregularidades confirmadas por la Intervención General y la Asesoría Jurídica del Estado, han llevado a la declaración de lesividad adoptada por el referido consejo en su sesión de 29 de junio de 2021. Deberá garantizarse, a su vez, la debida transparencia pública de tales actuaciones”.
Reasignación de inversiones
Asimismo, los grupos que han presentado la Propuesta no de Ley solicitan la reasignación de las inversiones previstas para la ampliación del Puerto para otros fines de mayor beneficio social, económico y ambiental como: “Paliar todos los impactos y daños que ya ha causado a los barrios y los ecosistemas valencianos la actividad portuaria en los últimos 50 años. Especialmente en los barrios de Natzaret, La Punta y Pinedo. Así como sobre l’Albufera y la Devesa y sus playas; proteger la salud de las personas que habitamos en las comarcas de influencia del puerto, para lo que debe extremarse la definición y aplicación inmediata de planes de control y reducción efectiva de emisiones de contaminación atmosférica y acústica, de acuerdo con los niveles seguros de contaminación para las personas admitidos per la Organización Mundial de la Salud y planes capaces de alcanzar la reducción de emisiones de C02 del 7,6% anual necesaria para cumplir con los objetivos climáticos en 2030, que, además, se deben acompañar del impulso de modelos de producción-consumo de proximidad, para eliminar la huella de carbono de los productos; e invertir en sectores y necesidades verdaderamente urgentes en un escenario de emergencia climática”.
Finalmente, los solicitantes instan al Gobierno a aplicar criterios de responsabilidad eco- climática, promoviendo el impulso e implantación de un nuevo modelo de gobernanza de los puertos y cualquier iniciativa derivada de ellos, “que dé más voz y voto a los territorios afectados y que contextualice la gestión y la toma de decisiones a la situación eco-climática, económica y social actual, y abandonar definitivamente cualquier ampliación del puerto, tanto para mercancías como pasajeros, incluyendo Zonas Logísticas (ZAL)”; y a que se aborde una reforma “en profundidad de la actual Ley de Puertos para adaptarla a los objetivos de desarrollo sostenible en un contexto de emergencia climática y la lógica de descentralización territorial en la toma de decisiones”.