El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha oficializado el convenio entre los actores implicados en desarrollar la infraestructura
Área sur del puerto de Barcelona, con la terminal de contenedores BEST a la vista | Autoridad Portuaria de Barcelona
Òscar Mateu Barcelona
3 de enero de 2025
Las administraciones implicadas en el desarrollo de los nuevos accesos viarios y ferroviarios sur del puerto de Barcelona se han dado un plazo máximo de diez años para materializarlos. Así lo expresa el convenio que rige su colaboración y la financiación de la infraestructura, y que El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes, dando vigencia a un proyecto que ya ha estado rodando en forma de licitaciones en el último año y que lleva en la agenda del recinto catalán casi desde inicios de siglo. El documento habría sido suscrito el pasado día 26 de noviembre por parte de los organismos que colaboran, según figura en el propio texto. Estos son el ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Adif, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Barcelona. Su tramitación para publicación en el BOE se realizó el 18 de diciembre por parte de la secretaría general de Transporte Terrestre.
El convieno dará cobertura durante diez años, pero puede ampliarse a siete más
El convenio entre las partes acompañará los procesos de obras que conforman la actuación de los nuevos accesos, y regula la participación financiera de los firmantes -el presupuesto total, ya conocido, es de 723,6 millones de euros con impuestos-. Su borrador se había aprobado en junio de 2024, y el Consejo de Ministros le había dado luz verde a finales de septiembre. En paralelo, la comisión de seguimiento que coordina la iniciativa había aprobado en 2023 el proyecto básico de Adif, cuya redacción en proyecto constructivo se adjudicó ya el año siguiente.
Según el propio redactado del convenio regulador, su vigencia debe dar cobertura a todo el proceso constructor, hasta “la liquidación de los contratos realizados” a su amparo y “la transferencia de las infraestructuras que corresponda”, es decir, hasta que los organismos correspondientes asuman la gestión de dichas infraestructuras una vez terminadas. Pero la misma cláusula del documento estipula que todo ese proceso no puede ser superior a un plazo de diez años, aunque contempla una posibilidad de prórroga máxima de siete años más si así lo acuerdan todas las partes. Hasta ahora, sus firmantes habían mencionado el año 2027 como probable inicio de las obras, aunque no se ha marcado un final concreto.