LOGÍSTICA · El sector logístico observa con inquietud los tiempos de paralización administrativa de acuerdo con la nueva fecha de Elecciones Generales
31 mayo 2023
- Desde el punto de vista del sector logístico y la cuestiones que implican decisiones políticas, el adelanto de las Elecciones Generales genera sensaciones y sentimientos encontrados.
MADRID. Si nos abstenemos de un análisis ideológico y político y nos centramos en un análisis puramente logístico, el anuncio del presidente del Gobierno del pasado lunes genera, según las distintas fuentes sectoriales consultadas por este Diario, en primer lugar frustración, tanto en cuanto paraliza o puede paralizar de golpe todas aquellas cuestiones normativas y administrativas para las cuales se tenía esperanzas de resolución como mínimo antes del verano y siempre con el horizonte electoral con el que hasta ahora se trabajaba: el 10 de diciembre. Cuestiones como las relativas al paquete legislativo de transporte por carretera, el socio estratégico de Renfe o algunos de los proyectos de índole interna de OPPE, o la propia Terminal Norte de Valencia, podrían contemplarse en este análisis, tal y como ahora se desarrollará en los siguientes apartados.
El gran miedo es a que por tercera vez en los últimos ocho años haya que repetir las elecciones
Ahora bien, no podemos olvidar que el adelanto electoral también es visto con cierto alivio y esperanza. En primer lugar porque el escenario tras las Elecciones Autonómicas auguraba seis meses muy duros de gestión por parte del Gobierno y de deterioro en la toma de decisiones. En segundo lugar porque 2023 ya estaba totalmente amortizado como año electoral con escasas aspiraciones de grandes reformas, de tal manera que adelantar las Elecciones podría suponer ganar unos cuantos meses y en el mejor de los casos empezar a trabajar de nuevo a pleno ritmo a partir de septiembre y no a partir de febrero de 2024, tal y como emplazaba el antiguo calendario.
Por cierto, también hay alivio porque el actual adelanto prácticamente evita de manera definitiva que se aprueben a corto plazo medidas tan polémicas como los peajes en autovías, previstas para finales de 2023. De momento, este asunto queda en suspenso.
Miedo
Con todo, un tercer sentimiento que brota en el sector logístico es el del miedo a que este adelanto electoral no sólo no permita ganar tiempo, sino que nos lleve a medio plazo a otro gran bloqueo.
No olvidemos que las Elecciones de 2015 hubo que repetirlas en 2016 ante la imposibilidad de formar Gobierno. De la misma forma, las Elecciones de abril de 2019 también hubo que repetirlas por igual motivo en noviembre de ese mismo año.
El panorama político no se ha clarificado mucho desde entonces, de ahí la congoja sectorial y el miedo a tener que repetir en 2024 las Elecciones.
Eso sí que generaría un daño importante, por mucho que los planes estratégicos en marcha en puertos, carretera o el propio sector ferroviario parezcan suficientes para seguir avanzando sin necesidad de un claro liderazgo ministerial.
La Terminal Norte como paradigma del caos político
El asunto que mejor ejemplifica el caos administrativo que puede llegar a generar un momento electoral tan agitado como el actual es el del proyecto de la nueva Terminal Norte del Puerto de Valencia.
Cabe recordar que, desde finales de 2022, dicho proyecto está a la espera de su aprobación definitiva por parte del Consejo de Ministros. Es más, a comienzos de 2023 llegó a estar en el orden del día de dicho Consejo pero se decidió posponer la aprobación ante el rechazo de los ministros de Podemos y, sobre todo, para intentar en la medida de lo posible que la aprobación de la inversión no impactara negativamente en los intereses electorales del presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig.
De esta manera, se decidió posponer la aprobación de la inversión a después de las Elecciones, con lo que cabía presagiar que, ahora que ya se han producido las votaciones, en los próximos días/semanas se podría por fin darse luz verde al proyecto.
Es más, si en teoría la tibieza del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana con respecto a la Terminal Norte podría despertar alguna duda de que el Gobierno central fuera a cumplir este compromiso con la citada infraestructura portuaria, tras los comicios autonómicos y los resultados en la Comunidad Valenciana y el más que posible Gobierno del PP con el apoyo de Vox, todo se le ha puesto de cara al Gobierno socialista para aprobar el proyecto y lanzar la patata caliente al nuevo Gobierno valenciano de cómo gestionar el discurso.
Ahora bien, ni tiempo ha habido para esto porque el mismo lunes el presidente del Gobierno Pedro Sánchez convocó de forma inmediata Elecciones Generales, a celebrar el 23 de julio, por lo que estábamos en campaña y ahora seguimos sin salir de ella.
La encrucijada para el Gobierno vuelve a ser, de nuevo, llamativa. Si antes no interesaba aprobar el proyecto de Terminal Norte por no alterar a los posibles electores, en la misma situación está el Gobierno con el agravante de que en los próximos comicios generales se la juega directamente el Ejecutivo.
Por tanto, el miedo claro es a que el proyecto, debido a la nueva convocatoria electoral, siga paralizado.
Bien es cierto que el Consejo de Ministros tiene potestad en estas semanas para aprobar la inversión, lo cual representaría un gran beneficio para el conjunto de la comunidad logística. En todo caso, el temor a que primen los intereses electorales es evidente y difícil de solventar a corto plazo.
Pensar que si el proyecto no lo aprueba este Gobierno lo hará el que salga de las urnas es fiarlo todo a un nuevo ejecutivo que en el mejor de los casos podría tomar posesión a mediados de septiembre o incluso irse hasta finales de noviembre, siempre que no se convoquen nuevas elecciones. Es decir, prácticamente se habría perdido para la Terminal Norte otro año, lo que ejemplifica las consecuencias que puede llegar a tener un año electoral como el que estamos viviendo.
¿Cuándo habrá nuevo Gobierno?
El Boletín Oficial del Estado publicó ayer 30 de mayo el real decreto de disolución del Congreso y del Senado y de convocatoria de Elecciones Generales, fijadas por Ley un total de 54 días después de esta publicación, hecha coincidir para que los comicios tengan lugar el próximo 23 de julio.
A partir de aquí el real decreto establece que la campaña electoral arrancará el 7 de julio y finalizará el 21 de julio.
Igualmente, también se recoge en el texto normativo publicado ayer que, una vez celebradas las Elecciones Generales está previsto que ambas Cámaras se constituyan el 17 de agosto.
En ese momento se constituirá la Mesa del Congreso y del Senado y deberá convocarse el Debate de Investidura una vez SM el Rey mantenga los contactos pertinentes con los distintos grupos políticos y encargue a uno de los líderes la formación de Gobierno.
Si todo discurre con normalidad, a mediados de septiembre podría ya haber nuevo presidente y nuevo Gobierno.
Ahora bien, si se celebra la primera ronda de votaciones de investidura sin éxito, se inicia a partir de ese momento la cuenta atrás de 2 meses para, si en ese plazo no se eligiera presidente, proceder a una nueva disolución de Cortes y volver a celebrar Elecciones Generales.
La Ley de Movilidad Sostenible salta por los aires
La consecuencia más directa del adelanto electoral es que todos aquellos proyectos normativos que estaban en vías de tramitación en las Cortes Generales han pasado directamente al limbo y deberán ser retomados, si procede, por el nuevo Gobierno desde el inicio.
En el caso de las competencias del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sólo un proyecto de ley estaba ahora mismo en tramitación en el Congreso, si bien se consideraba el más relevante de la legislatura en materia de transportes: hablamos del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que ha saltado por los aires con el adelanto electoral y, con él, la visión de este Gobierno del transporte y su dimensión ciudadana.
Relacionado con esta cuestión, también salta por los aires la voluntad del Gobierno de fijar la hoja de ruta para la implantación de los peajes antes de que acabara 2023. Eso sí, esta cuestión sería retomada con fuerza de manera inmediata si, como mínimo, repite el actual ejecutivo.
Siguiendo con este ámbito del transporte por carretera, salvo que exista riesgo de impacto electoral, el tema clave de las 44 toneladas podría solventarse pese a la convocatoria electoral, ya que sólo implica modificar una orden ministerial. Eso sí, hace falta cumplir los plazos de audiencia pública, lo que lleva a unos tiempos muy justos antes de que la actual ministra pase a estar en funciones el 24 de julio. Para lo que sí parece no haber margen es para ampliar la bonificación de los 10 céntimos, que requiere de un real decreto ley y su convalidación por unas Cortes disueltas aunque la Mesa tendría competencias, así como las reformas legislativas englobadas bajo la denominación de Ley de la Cadena de Transporte, que exigen igualmente tramitación parlamentaria.
Puertos: un rayo de esperanza de cara a los Presupuestos
Hay un factor subjetivo en todo momento preelectoral y es el de aquellas cuestiones que funcionalmente podrían aprobarse, pero que por razones de oportunismo político o, en el mejor de los casos, de decoro político, se entiende que no es propicio aprobar en esos momentos de impasse y que es mejor que quien se posicione sea el nuevo Gobierno.
Tal es el caso de algunas iniciativas que están sobre la mesa de, por ejemplo, el Organismo Público Puertos del Estado, si bien en el caso del ámbito portuario uno de los temas más sensibles de cara al final de esta legislatura era la necesidad de comenzar a aplicar a partir de 2024 la rebaja de tasas portuarias, para lo cual era imprescindible contar con una Ley de Presupuestos para el próximo año. Hasta ahora, los tiempos indicaban que en octubre, como es habitual, iba a ser imposible aprobar unos Presupuestos teniendo elecciones en diciembre, con lo que la rebaja de tasas se vería pospuesta . Ahora, con el adelanto electoral, en condiciones óptimas podría haber presupuestos antes de que acabe el año, gran oportunidad para lograr la reforma de las tasas.