MARÍTIMO · Álvaro Rodríguez Dapena, presidente del Organismo Público Puertos del Estado
07 febrero 2023 05:20
El presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, defendió ayer la necesidad de un acuerdo interinstitucional ante la intención de la Generalitat de Catalunya de fijar una tasa medioambiental a los buques que escalen en esta región.
MADRID. Con motivo de su participación ayer en Madrid en un nuevo desayuno informativo de Executive Forum, el presidente del Organismo Público Puertos del Estado (OPPE), Álvaro Rodríguez Dapena, se pronunció en torno a la nueva tasa medioambiental que la Generalitat de Catalunya desea imponer a las escalas de los buques en los puertos catalanas.
A preguntas de Diario del Puerto, Rodríguez Dapena aseguró que “ahora mismo no tengo opinión sobre esta cuestión” debido a que es “un tema de ámbito competencial de la Generalitat de Catalunya”.
Ahora bien, el presidente de Puertos del Estado aclaró que es un tema que “ha de ser coherente con el ámbito estatal”.
“No tengo opinión todavía y no puedo pronunciarme todavía hasta que no tenga más datos acerca de ello”, siguió insistiendo Álvaro Rodríguez Dapena, para a continuación añadir que “en todo caso es una cuestión en la que se tiene que alcanzar un acuerdo inter institucional. Son tasas que si se aplican a gente que tiene que ver con clientes de los puertos efectivamente nos afectan”.
“Ahora mismo no tengo opinión sobre esta cuestión” debido a que es “un tema de ámbtio competencial de la Generalitat de Catalunya”
Por eso, Rodríguez Dapena aseguró que es necesario “marcar una línea de diálogo”, no sin recordar que desde Puertos del Estado se está “trabajando en aplicar unas rebajas de tasas portuarias que vayan avanzando hacia el desempeño ambiental , por lo que ahí en ese marco de diálogo tenemos que engarzar esto”, en referencia a la fijación de la tasa medioambiental por parte de Catalunya.
Tras la presentación de las pertinentes alegaciones en el proceso de información pública finalizado el pasado 2 de febrero, Diario del Puerto ha podido constatar que son numerosas las organizaciones sectoriales que han mostrado su preocupación por esta tasa al tiempo que se busca articular un posicionamiento común que contribuya a su replanteamiento.
“Trabajamos en una rebaja de tasas que vaya avanzando hacia el desempeño ambiental , por lo que ahí en ese marco de diálogo tenemos que engarzarlo”
Junto a las organizaciones que representan a las empresas navieras y consignatarias, que son las directamente implicadas en el pago de la tasa, la movilización en contra de la misma también está respaldada por asociaciones que aglutinan desde terminalistas y empresas estibadoras, hasta al sector transitario, pasando por algunos de los colectivos de empresas cargadoras y operadores logísticos más significados ya que esta tasa tendría un impacto subsidiario en toda la cadena logística hasta el cliente final.
Cerrado el plazo de información pública el 2 de febrero
Con fecha 2 de febrero se cerró el pasado jueves el periodo de información pública sobre el Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre las Emisiones Portuarias de Grandes Buques de la Generalitat de Catalunya, plazo ampliado finalmente una semana.
El objetivo de la Generalitat con este Anteproyecto es que la práctica totalidad de los buques que escalan en los puertos catalanes, incluidos los puertos de interés general de Barcelona y de Tarragona, abonen una tasa calculada en función de los kilos de dióxido de nitrógeno y de partículas en suspensión emitidas durante toda la escala. Por tanto, hablamos de una tasa “aplicable a todo el territorio de Catalunya” que grava las emisiones de NO2 y de partículas durante tres fases: la maniobra de acceso y salida del puerto, el atraque en el muelle y el fondeo a la espera del atraque.
Lo contemplado en el anteproyecto es su aplicación a buques con un arqueo bruto a partir de 5.000 toneladas, es decir, la práctica totalidad de buques que atracan en los puertos de interés general, exceptuándose aquellos que presten servicios públicos, se vean obligados a atracar por fuerza mayor, realicen actividades de ayuda humanitaria o estén a flote por razones de reparación y no generen emisiones.
Como se ha señalado, esta tasa, cuyo objetivo es que entre en vigor en el presente año 2023, grava cada kilo de NO2 y de partículas emitidas por el buque, siendo esencial el método de cálculo de las mismas, basado en la Guía EMEP/EEA de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Para ello se tiene en cuenta una serie de coeficientes en función de si el buque es tanque, granelero, lo-lo, petrolero, transbordador, de pasaje, portacontenedor, ro-ro o car carrier. De igual forma, se tiene en cuenta la edad de cada uno de estos tipos de buques. A su vez se tienen en cuenta las emisiones tanto de los motores principales como de los motores auxiliares. Y todo ello, según las fases de aproximación, atraque y fondeo.
De forma genérica, para la fase de aproximación se calcula un tiempo de 1 hora.
Anualmente se publicarán las tablas con las emisiones imputadas a cada tipo de buque, a cada tipo de motor y a cada tipo de operación en función de la citada guía EMEP/EEA.
Hay que destacar que el Anteproyecto recoge diversas reducciones y bonificaciones a la tasa en función de si los motores de los buques incorporan soluciones de eficiencia en las emisiones.
El Anteproyecto de Ley establece que el contribuyente en este impuesto es el naviero o el armador del buque. No obstante, lo más sustantivo es que se designa al consignatario del buque como sujeto pasivo en sustitución del contribuyente.
El consignatario es por tanto quien queda “obligado al pago de la tasa con periodicidad trimestral”, según el Anteproyecto.
La tasa será la resultante de multiplicar los kilos de emisiones de dióxido de nitrógeno y de las partículas en suspensión de cada buque durante su escala por un tipo de gravamen que está previsto que se implante de manera progresiva.
En 2023, año en el que está previsto que se apruebe el Proyecto de Ley y entre en vigor la tasa, el tipo de gravamen será de 1 euro por kilo de emisiones.
En 2024, el gravamen ascenderá a 1,5 euros. En 2025 se ampliará a 2,5 euros y a partir de 2026 y de momento con carácter indefinido, el gravamen será de 3,5 euros por kilo.